Impacto del Acuerdo Presupuestario Estatal en el Sistema de Servicios de Desarrollo y las Personas que Dependen de los Apoyos Financiados por el Centro Regional
Impacto del Acuerdo Presupuestario Estatal en el Sistema de Servicios de Desarrollo y las Personas que Dependen de los Apoyos Financiados por el Centro Regional
La Administración, el Senado y la Asamblea llegaron a un acuerdo sobre un plan presupuestario estatal, allanando el camino para un presupuesto estatal de casi $300 mil millones para el año fiscal 2024-25. Hay mucho que analizar en el acuerdo presupuestario, y Disability Rights California tendrá más que compartir en las próximas semanas.
El acuerdo presupuestario incluye una serie de cambios que afectarán directamente al sistema de servicios de desarrollo y a las personas que dependen de los apoyos financiados por el centro regional. Éstos son algunos de los aspectos más destacados:
La noticia más importante: los aumentos de tarifas entrarán en efecto el 1 de enero de 2025. En enero, la Administración propuso retrasar por un año los aumentos de tarifas de proveedores previamente programados: del 1 de julio de 2024 al 1 de julio de 2025. Esta propuesta provocó una alarma entre los defensores de la comunidad sobre la mayor desestabilización de servicios críticos para casi medio millón de personas y sus familias. En cambio, la Administración y la Legislatura llegaron a un acuerdo que retrasará el aumento de tarifas solo 6 meses hasta el 1 de enero de 2025.
Esta fue una victoria muy reñida para nuestra comunidad. Y no hubiera sido posible sin el apoyo firme de los Comités de Presupuesto del Senado y la Asamblea, que lucharon junto a la comunidad en cada paso del camino, o la abogacía incansable de individuos, familias y organizaciones de todo el sistema.
Otras propuestas de la administración que fueron rechazadas por la Legislatura, con el apoyo de Disability Rights California, incluyeron:
- Una propuesta para reubicar la recién creada Oficina de Empleo Primero de Salud y Servicios Humanos de California al Departamento de Rehabilitación; y
- Una propuesta para eliminar fondos para ayudar a las personas a navegar el proceso complejo de obtener aumentos de tarifas basados en una necesidad de salud y seguridad.
El nuevo presupuesto también traerá nuevas leyes, la mayoría de las cuales entrarán en efecto el 1 de julio de 2024. Todas estas leyes están en el Proyecto de Ley 162 de la Asamblea y del Senado.
A continuación se muestra un resumen de los cambios más significativos a la ley:
1. La posibilidad de que las personas atendidas y sus familias tengan reuniones virtuales del IPP y del IFSP cuando lo soliciten ahora es permanente.
Según la ley actual, la opción de realizar estas reuniones virtualmente habría desaparecido después del 30 de junio de 2024. Sin embargo, tras la abogacía de DRC, Integrated Community Collaborative, Public Counsel, el Children's Law Center y otros, esta opción y el acceso que brinda ahora será preservado.
Además, se agregaron nuevos requisitos sobre los contactos en persona entre los centros regionales y las personas a las que sirven. A partir del 1 de julio de 2024, si una persona no ha sido atendida en persona por su centro regional en los 12 meses anteriores para los IPP o en los 6 meses anteriores para los IFSP, el centro regional ahora debe realizar una reunión o visita en persona con la persona en un momento y lugar convenientes para la persona o su familia/representante autorizado.
El nuevo requisito de reuniones en persona será revisado por el Departamento de Servicios de Desarrollo con aportes de las partes interesadas en 2 años.
2. Los servicios de recreación social, servicios de campamento y terapias no médicas serán más fáciles de obtener para las personas y tendrán un mayor enfoque en la construcción de relaciones y redes sociales y en la promoción del acceso a comunidades desatendidas.
Los nuevos requisitos definen mejor y más claramente estos servicios y los resultados que se pretenden lograr, es decir, oportunidades para construir relaciones a través de intereses o actividades compartidos y construir redes sociales que reduzcan el aislamiento y fortalezcan los vínculos comunitarios.
También prohíben políticas específicas de centros regionales que restringen el acceso, como políticas que impiden el financiamiento de lecciones privadas o servicios no especializados, y enfatizan la intención de la Legislatura de reducir las barreras administrativas y promover el acceso a comunidades que han experimentado disparidades en los servicios.
Las terapias no médicas también se agregarán a la lista de servicios disponibles bajo los servicios dirigidos por los participantes a partir de enero de 2025, de modo que los padres ya no tendrán que pagar de su bolsillo y esperar meses para recibir un reembolso por estos servicios.
El personal del centro regional y los funcionarios de audiencias deben completar la capacitación sobre estos cambios antes de marzo de 2025.