Sacramento Bee

Por Catherine Blakemore
Especial para The Bee

Lea más aquí: http://www.sacbee.com/2012/01/01/4153632/expand-voluntary-mental-health.html#storylink=misearch#storylink=cpy

Catherine Blakemore, directora ejecutiva de Disability Rights California, responde al editorial del 18 de diciembre “La Ley de Laura necesita ayuda de la Propuesta 63” y a los artículos de Dan Morain sobre salud mental El editorial planteaba que: "El tratamiento ambulatorio supervisado no guarda relación alguna con los asilos de ancianos. Por el contrario, el objetivo es llegar a las personas antes de que sean hospitalizadas o encarceladas y ayudarlas a vivir en su propia casa con la menor cantidad de restricciones posible”.

The Bee pretende que los programas de salud mental del condado utilicen el dinero de la Ley de Servicios de Salud Mental – Propuesta 63 – para financiar el tratamiento involuntario de salud mental en virtud de la Ley de Laura. Esta política es mala y garantizará que las personas que reciben servicios de salud mental reciban los servicios que necesitan.
En cambio, los responsables de formular políticas deberían redoblar los esfuerzos para implementar la promesa de la Propuesta 63 con respecto a aumentar la expansión de la disponibilidad de los servicios voluntarios de salud mental. Los votantes de California entendieron el mensaje: ampliar los programas que tuvieron éxito en lo que a salvar vidas y el ahorro de dinero respecta.

Lamentablemente, en los últimos años los condados han realizado reducciones drásticas en el financiamiento para la salud mental, privando a las personas de los servicios comunitarios que necesitan para evitar la hospitalización. En 2010, cuando el Condado de Sacramento estaba listo para deshacerse de muchos centros de tratamiento ambulatorio, Disability Rights California tomó medidas para detener tales recortes. Un tribunal federal concedió una medida cautelar que prohibía los recortes hasta que el tribunal estuviera convencido de que los clientes de salud mental continuarían recibiendo servicios integrados para evitar ser internados en instituciones. The Bee apoyó nuestros esfuerzos.

Un estudio realizado por la UCLA publicado este mes reveló que por lo menos 2 millones de californianos dicen tener problemas de salud mental –al menos 1 millón presenta enfermedades graves como esquizofrenia– pero la mayoría no recibe la atención que necesita. La falta de cobertura de un seguro y el temor al estigma se mencionaron como los principales obstáculos.

Varios condados ya cuentan con programas voluntarios de tratamiento aprobados que poseen resultados comparables a la Ley de Laura sin los gastos ni la coacción del tratamiento ordenado por la justicia. Por ejemplo, las Asociaciones de servicio completo que dependen del Departamento Estatal de Salud Mental han reducido las hospitalizaciones en un 50 por ciento, las encarcelaciones en un 88 por ciento y la falta de vivienda en un 70 por ciento. En comparación, los resultados de los datos sobre el tratamiento ambulatorio involuntario muestran que el tratamiento forzado a menudo es contraproducente, dado que genera trauma y desvía totalmente a las personas del sistema de salud mental. El escaso dinero público se gasta mejor ampliando los programas voluntarios de tratamiento que brindan el camino de recuperación más seguro.

Los artículos del editor principal Dan Morain a favor de la Ley de Laura sugieren que la enfermedad mental y la peligrosidad van de la mano, perpetuando de esa manera la información errónea y el estigma. En cambio, los datos muestran que las personas que padecen una enfermedad mental tienen muchas más posibilidades de ser víctimas de violencia que los victimarios. Por ejemplo, Kelly Thomas tenía esquizofrenia, era conocido en su comunidad y estaba desarmado cuando, en julio, seis policías de Fullerton le dieron una paliza y causaron su muerte.

Aquellas personas cuya labor consiste en prestar servicios comunitarios de salud mental deben trabajar juntos para reducir el estigma y garantizar el acceso a los servicios.
Una buena noticia es que el delito violento en los Estados Unidos, incluso en California, se encuentra en los niveles más bajos de las últimas décadas. Los pocos delitos cometidos por personas que padecen una enfermedad mental que ocurren al año tienden a ser titulares, quizá distorsionando nuestras ideas. En esta crisis económica, Disability Rights California ruega que no se desvíe la atención del problema principal: La gran cantidad de personas que no reciben los servicios de salud mental que necesitan.

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