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20 de enero de 2012

Jueza aprueba medida cautelar que frena el avance de los recortes generales de los servicios IHSS

Contacto:
Melinda Bird
Asesora principal
Disability Rights California
Teléfono: 916-397-5459
Correo electrónico: Melinda.Bird@disabilityrightsca.org

Stacey Leyton
Asesora principal
Altshuler Berzon LLP
Teléfono: 415-421-7151
Correo electrónico: sleyton@altshulerberzon.com

Oakland, CA – La jueza Claudia Wilken emitió ayer una medida cautelar, que prohíbe al Estado de California hacer efectivos los recortes del 20% en las horas de cuidado en el hogar que reciben cientos de miles de ancianos y personas con discapacidades. La magistrada emitió previamente una Orden de Restricción Provisoria el 1° de diciembre, que puso un freno a los recortes hasta la audiencia de hoy.

La jueza reconoció a los demandantes como titulares de un interés colectivo.

Melinda Bird, asesora principal de Disability Rights California en el caso, elogió la decisión judicial al manifestar: “Estamos complacidos de que las personas con discapacidades puedan seguir contando con la asistencia de IHSS que les permita permanecer seguros en sus hogares. Según lo solicitado por la jueza, esperamos reunirnos con los representantes del estado para determinar si existen formas de identificar a los consumidores de IHSS cuyas horas puedan ser reducidas sin que ello afecte su seguridad”.

La jueza criticó el plan del Estado al afirmar que éste causaría que “miles y miles de personas que realmente necesitan estos servicios sean descartados y deban esforzarse para recuperar las horas de atención perdidas”. La misma solicitó a ambas partes, los demandados (la administración) y los demandantes (los consumidores de IHSS y los proveedores de atención domiciliaria), que se reúnan y lleguen a un acuerdo sobre alternativas más favorables que el plan del Estado. La jueza Wilken dejó en claro que sólo quedaría conforme si las partes acuerdan realizar una evaluación antes de disponer el recorte de los servicios a sus beneficiarios. En otras palabras, que se deje sin efecto el plan actual del gobierno de primero aplicar el recorte y sólo entonces tener en cuenta el impacto de dicha medida.
La jueza encontró las siguientes fallas en varios aspectos del plan del Estado:

  • La complicada terminología empleada en los avisos que el Estado planeaba enviar. Disability Rights California y los asesores adjuntos plantearon que tales avisos vulneran el debido proceso en tanto requieren una respuesta oportuna de personas a las que puede resultarles difícil comprender cómo solicitar la restauración de las horas de servicios IHSS;
  • La falta de algún plan de elaboración de avisos accesibles para las personas con problemas de visión o redactados en el idioma de uso frecuente de los consumidores de IHSS;
  • La dependencia del estado en los condados para explicar y traducir los avisos a los consumidores. Considerando el aporte de los trabajadores sociales que con frecuencia asisten a más de 300 clientes, la jueza cuestionó la posibilidad de los condados de brindar tales servicios; y
  • La continua dependencia del Estado en herramientas de evaluación que el tribunal calificó previamente como inadecuadas: las Clasificaciones e Índices Funcionales. Preguntó si los demandados y los demandantes podrían discutir varias cuestiones, incluida la posibilidad y el modo en que el Estado podría identificar a los consumidores de IHSS, cuyas horas podrían reducirse sin que corran el riesgo de ser internados en instituciones.

Consulte los detalles del caso, David Oster et al. v. Lightbourne (antes conocido como V.L. v. Wagner) en el sitio: www.disabilityrightsca.org/advocacy/v.l.-v-wagner/index.htm