Comunicado de prensa

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
13 de diciembre de 2011

Contactos

Kelly Knapp, Abogada del personal
Prison Law Office
(510) 280-2621
kknapp@prisonlaw.com

Rachel Scherer, Abogada del personal
Disability Rights California
(213) 355-3608
Rachel.Scherer@disabilityrightsca.org

FRESNO, California (13 de diciembre, 2011) – Hoy, cuatro prisioneros de la Cárcel de Fresno presentaron una demanda colectiva ante el tribunal federal de Fresno, donde alegan que la Alguacil del condado de Fresno, Margaret Mims, está violando los derechos constitucionales de los prisioneros al mantener establecimientos peligrosos y no brindar la atención médica básica. La copia de la demanda está disponible en: www.prisonlaw.com and www.disabilityrightsca.org. 

Los demandantes han sido sometidos a castigos crueles e inusuales en la cárcel. Con frecuencia, se les ha negado el tratamiento de enfermedades que ponen en peligro la vida, síntomas graves de salud mental y enfermedades bucales graves. También han sido sometidos a la violencia, a causa de defectos evitables en el diseño, funcionamiento y personal penitenciario. Los demandantes tan sólo buscan obtener una orden judicial que solicite que la Alguacil Mims ofrezca la atención médica básica y proteja a los prisioneros contra la violencia por parte de otros prisioneros. 

A comienzos de este año, el demandante Bob Merryman, un prisionero de la Cárcel de Fresno de 57 años de edad, fue acuchillado en el rostro con una navaja por otro prisionero que padecía una psicosis grave no tratada. El personal no pudo proteger al Sr. Merryman, que padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y estaba demasiado delicado y débil como para defenderse de tal acto de violencia. 

Quentin Hall, demandante, debió ser trasladado e internado en un hospital psiquiátrico estatal porque el personal penitenciario se negó a darle los medicamentos antipsicóticos que eran efectivos para tratar su depresión con tendencia suicida, ansiedad extrema, insomnio y alucinaciones.

Dawn Singh, otra demandante, ha estado casi dos años detenida esperando recibir un examen de diagnóstico y el tratamiento adecuado para su enfermedad de Crohn (un trastorno intestinal que puede poner en peligro la vida). La enfermedad de la Sra. Singh hizo necesario su traslado a la sala de emergencias de un hospital debido a una hemorragia interna, fiebre, deshidratación y fatiga.

“La mayoría de los detenidos están esperando el juicio y no han sido condenados por ningún delito. Sus necesidades médicas dependen de la cárcel”, dijo Kelly Knapp, abogada del Prison Law Office. “Dejar que sufran dolor, arriesgarlos a sufrir una lesión que ponga en peligro su vida y que resulte en una discapacidad permanente es simplemente inhumano”. 

“Desde que Fresno ha recortado radicalmente los servicios ambulatorios de salud mental, la cárcel se ha convertido en un costoso basural de personas que padecen enfermedades mentales y necesitan atención pero no pueden encontrarla en ningún otro lugar”, dijo Rachel Scherer, abogada de Disability Rights California. “Le costaría mucho menos al condado brindar tratamiento de salud mental en la comunidad a través de programas de desviación alternativos o libertad supervisada de aquellos que representan poco riesgo para la seguridad pública”.

“La elección de los condados como Fresno es simple: aumentar los gastos de los servicios penitenciarios o desarrollar programas comunitarios rentables para sacar de la cárcel a los prisioneros que padecen una enfermedad mental o son drogadependientes y colocarlos en programas de supervisión en lugares donde no representaran un peligro para la seguridad pública”, dijo Melinda Bird, Asesora principal de Disability Rights California. 

Los expertos nacionales ponen énfasis en cuántos “condados y gobiernos locales han desarrollado una amplia variedad de alternativas a la encarcelación y los reformatorios de la comunidad que supervisan a las personas fuera de la cárcel”, según el informe del año 2008 del Instituto de Política de Justicia, “Encarcelando comunidades”.

Del mismo modo, el Consejo Estatal de Gobiernos ha patrocinado el “Proyecto de consenso sobre salud mental y derecho penal” (“Consensus Project on Mental Health and Criminal Justice”), que  informa que la mayoría de los prisioneros que padecen una enfermedad mental no han cometido un delito grave. En cambio, fueron arrestados por exteriorizar en público síntomas de su enfermedad mental no tratada. La supervisión comunitaria y el tratamiento realmente mejorarán la seguridad pública mediante la reducción del riesgo de reincidencia y dejando vacantes las camas para los delincuentes violentos.

Los prisioneros son representados por tres estudios jurídicos: (1) Prison Law Office, una organización legal sin fines de lucro, que ha impugnado con éxito muchos actos ilícitos en representación de prisioneros californianos; (2) Disability Rights California, una agencia de derechos de las personas con discapacidad que opera en todo el estado y que ha representado los derechos de las personas que tienen discapacidades mentales y físicas en docenas de juicios federales, incluidos dos casos recientes contra la Cárcel del Condado de Los Ángeles; y (3) Cooley LLP, un estudio jurídico nacional, que presta todos los servicios y recibió el Premio State Bar of California's President's Pro Bono Service en 2009 por su profundo compromiso con el trabajo voluntario.