Comunicado de prensa

21 de julio de 2010

El tribunal emite un mandato judicial mediante el cual se garantiza la continuidad de la atención a pacientes de salud mental del condado de Sacramento

21 de julio de 2010, Sacramento - Hoy, el Juez Federal de Distrito, John Méndez, emitió un mandato judicial preliminar mediante el cual se evita que el Condado implemente y ejecute un plan híbrido hasta que el tribunal determine que los pacientes que reciben atención mental continúen recibiendo servicios integrales para evitar su internación en institutos. Si se ejecutara el plan del Condado, se cerrarían centros que actualmente brindan fuentes vitales para cerca de 5000 personas con discapacidades psiquiátricas, lo cual pondría en riesgo la seguridad y salud de los consumidores de servicios de salud mental.

Leslie Napper, una consumidora de servicios de salud mental del condado de Sacramento y demandante en el caso, mencionó que “Fue de gran alivio saber que los centros de los que dependemos para seguir viviendo en comunidad permanecerán abiertos. Mi padre, de edad avanzada, y yo compartimos un hogar y él depende de mí para muchas cosas. Al tener acceso a mis proveedores habituales, estoy segura de que tendré estabilidad y que ya no necesitaré los servicios para pacientes internados que recibía anteriormente”.

La demanda colectiva fue iniciada por cinco personas que han sido afectadas por los planes propuestos por el Condado. Los demandantes, que son representados por Disability Rights California, el Western Center on Law and Poverty (Centro del Oeste sobre Legislación y Pobreza) y la firma Cooley LLP, alegaron que el plan del Condado para extinguir estos servicios viola varias leyes estatales y federales, incluida la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act), la Ley de Medicaid y las constituciones estatales y federales. El Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) de los EE. UU. emitió un comunicado de interés sobre el caso para respaldar la acción de los demandantes. El DOJ indicó que, en virtud del plan propuesto por el Condado, los demandantes sufrirán una importante reducción de los servicios y correrán el riesgo de ser internados en hospitales y centros de internación psiquiátricos.

La intención del Condado era abrir nuevas clínicas el 1.° de agosto, con personal estatal, para reemplazar a los centros que durante más de 15 años han brindado estos servicios de forma exitosa. Los centros actuales son gestionados por proveedores sin fines de lucro en virtud de contratos celebrados luego de licitaciones competitivas. El Condado brindó pocos detalles sobre el reemplazo del personal o los planes para hacer una transferencia prolija de los servicios.

Melinda Bird, asesora principal de la Oficina Regional de Los Ángeles de Disability Rights California, comentó: “Nos enorgullece que el tribunal haya reconocido el daño inminente al bienestar de los consumidores de servicios de salud mental y a una mayor probabilidad de que cientos de individuos que actualmente viven en la comunidad sean confinados en instituciones a causa de los recortes propuestos. Al mismo tiempo que celebramos el 20.º aniversario de la ley ADA el 26 de julio, garantizaremos a los consumidores de servicios de salud mental que se ha protegido su derecho de vivir en comunidad con los sustentos apropiados”.

Robert Newman, asesor ejecutivo del Western Center on Law and Poverty, agregó: “El tribunal del distrito ha evitado un desastre causado por el hombre, el cual podría haber perjudicado a cientos de los residentes más vulnerables del condado de Sacramento. La medida preliminar conservará los servicios que han rendido frutos y proporcionará continuidad a la atención de pacientes brindada por proveedores confiables”.

William Freeman, socio de la firma Cooley LLP, indicó: “El plan del Condado implicaba mayores costos de personal que no permitirían brindar servicios similares a los proporcionados por las clínicas actuales. Tanto las personas que actualmente reciben servicios de salud mental como las que lo harán en el futuro dentro del condado de Sacramento se beneficiarán con esta decisión”.

Contacto para comunicarse con los asesores de los Demandantes:
Disability Rights California: Melinda Bird, (323) 997-3235, Stuart Seaborn (916) 488-9950.
Western Center on Law and Poverty: Robert Newman, (213) 487-7211, int. 2619.
Cooley LLP: Ashley Kanigher, (415) 693-2003