Sacramento Bee

14 de Maryo, 2010

Editorial: Sumar a la crisis para los que están en crisis

A partir del 1.º de mayo, el condado de Sacramento planea impulsar un sistema que proporciona tratamiento ambulatorio a adultos con enfermedades mentales graves y crónicas. Hay serias dudas sobre si el reemplazo está listo y si funcionará.

Actualmente, aproximadamente 5.000 pacientes reciben atención individualizada de una red de organizaciones privadas sin fines de lucro: servicios de apoyo, medicación, asesoramiento y psicoterapia, lo que les permite vivir dentro de la comunidad y con sus familias. En virtud del plan del condado, la red ampliaría su clínica psiquiátrica para adultos y abriría cuatro nuevos “centros de bienestar" para la salud mental.

Se espera que el cambio genere un ahorro de dinero: US$ 8,9 millones sobre un gasto de US$ 17,5 millones para el Departamento de Servicios de Salud de la Conducta del condado. No obstante, esto está en discusión, dado que las nuevas clínicas estarían atendidas por trabajadores del condado quienes, de lo contrario, no tienen empleo y que son mucho más costosos que los empleados que no reciben salarios.

Para facilitar la transición, los funcionarios del condado se han reunido con las organizaciones sin fines de lucro y el martes planean poner a sus líderes al tanto de la situación. También han mantenido varias reuniones públicas y están redactando una carta que las organizaciones sin fines de lucro entregarían a sus pacientes.

Pero los defensores dicen que falta mucho para que el país esté preparado para responsabilizarse por los pacientes, la mayoría de los cuales reúnen las condiciones para Medi-Cal y que padecen esquizofrenia, trastorno bipolar y otras enfermedades. Algunas de las personas más vulnerables dentro de nuestra comunidad estarían más solas y tendrían que encontrar su propia manera de acceder a las nuevas clínicas del condado, cuya ubicación aún no se ha determinado.

Con el sistema nuevo, dicen los defensores, más pacientes entrarían en crisis y terminarían en las salas de emergencias o en establecimientos cerrados, lo que le cuesta mucho más al condado, o simplemente vagarían por las calles. Algunas de las personas sin tratar podrían lastimarse a sí mismas o a otros.

Todas las dudas se detallan en una demanda judicial presentada la semana pasada en nombre de cinco clientes con enfermedad mental, pero que procura un estatus de demanda colectiva; la demanda alega que el plan del condado viola las leyes federales y estatales.

Ciertas advertencias y temores pueden ser exagerados, pero si tan sólo algunos de ellos son ciertos, y esto parece bastante probable según lo que sucedió cuando los mismos programas privados redujeron sus presupuestos el año pasado, la situación será alarmante.

A menos que el condado proporcione más pruebas de que está organizado, un juzgado federal debe emitir un mandato judicial provisorio hasta que haya muchas más garantías de que los pacientes no serán dejados de lado. La Junta de Supervisores considerará los recortes en las audiencias de presupuesto de junio. Aún en medio de una debacle financiera, el condado tiene actuar mejor.

Una cosa es ser sorprendido por una crisis. Otra totalmente distinta es ver que una crisis se avecina y no impedirla. Eso sería el colmo de la irresponsabilidad.