Comunicado de Prensa

12 de Mayo, 2010

INFORME DESCUBRE ABUSOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES QUE NO SON CONSIDERADOS DELITOS

La Unidad de Investigaciones de Disability Rights California publicó recientemente un informe de 40 páginas titulado “Doble victimización: Abusos a los inquilinos de residencias de personas mayores, sin responsabilidad penal para los autores”. El informe examina los siguientes puntos:

  • A un residente de mediana edad con parálisis cerebral y deterioro cognitivo se lo paseó desnudo y empapado hasta su habitación delante de los demás luego de haber sido obligado por el personal a darse una ducha fría. El abuso continuó durante meses y fue presenciado por otros empleados que no hicieron nada al respecto.
  • Un hombre de 41 años fue golpeado en la boca con el puño cerrado por un integrante del personal y luego abofeteado. Le informó al resto del personal acerca del ataque al tiempo que sangraba debido al corte que tenía en el labio. El establecimiento tardó días en denunciar el hecho. Los fiscales se negaron a atender el caso porque carecían de pruebas físicas.
  • Un asistente de actividades físicas empujó y luego liberó a dos mujeres de edad avanzada que estaban sentadas en sillas de ruedas. Avanzaron por el corredor hasta chocar contra la pared, donde permanecieron inmóviles y varadas.
  • Mientras ayudaba a una residente a bañarse, un asistente masculino le acarició los senos. La mujer presentó una reclamación ante el administrador del establecimiento pero, dos días después, el asistente regresó al trabajo y se le asignaron los mismos residentes. Cuando él confrontó a la mujer por haberlo denunciado, ella sintió miedo.
  • Un hombre con piel frágil, cuya epidermis es inusualmente delicada, fue obligado a tomar un baño de hidromasaje. Su piel se rasgó en tres lugares al momento de ingresar en la tina; uno de los desgarros abarcaba desde la muñeca hasta la axila. Un visitante escuchó sus gritos y denunció el abuso. El personal del establecimiento argumenta que su actuar fue correcto.

Estos son sólo algunos de los 12 casos que investigó DRC y que involucran a nueve hombres y siete mujeres, de entre 41 y 97 años, con discapacidades físicas, mentales y cognitivas, que fueron abusados física y sexualmente por el personal del establecimiento. Los abusos incluyeron desde puñetazos o golpes en la cara hasta agresiones sexuales reiteradas y acusaciones de violación. Algunos de ellos involucraron a varias víctimas y sucedieron a lo largo de meses; otros, en cambio, fueron incidentes únicos. "Esto es apenas la punta del iceberg de cientos de casos confirmados de abuso a inquilinos de residencias de personas mayores que vemos todos los años en los informes de citación del Departamento de Salud Pública", afirma Leslie Morrison, una de las autoras del informe. Los expertos estiman que por cada caso de abuso que se denuncia, hay cinco casos que no se ponen en conocimiento de las autoridades.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que los incidentes, cuyos hechos son indicios de delitos, no se manejaron como asuntos penales sino como cuestiones relacionadas con licencias o con el desempeño del empleado. En la mayoría de los casos, el único resultado que se logró fue una citación mínima por parte del Departamento de Salud Pública y el despido del agresor, quien aún tendría la posibilidad de trabajar en otros establecimientos de cuidado.

Aproximadamente la mitad de los casos nunca se denunciaron ante las autoridades. La mayor parte de las denuncias fueron entabladas ante defensores de cuidados a largo plazo quienes, bajo la ley federal, no pueden denunciar el hecho a las autoridades o a los fiscales a menos de que la víctima otorgue su consentimiento. Muy pocos residentes lo hacen. Esto significa que los informes de abuso penal en las residencias de personas mayores de California se evaporan en un agujero negro virtual y nunca llegan a las autoridades del orden público o al sistema de justicia penal.

Las demoras significativas en denunciar los hechos y las fallas en la investigación obstaculizan aún más las acciones penales. La Oficina de Fraude de Medi-Cal y Abuso de Personas Mayores (Bureau of Medi-Cal Fraud and Elder Abuse, BMFEA), una división del Departamento de Justicia de California, investigó los nueve casos que le fueron referidos pero no inició acciones penales contra ninguno. Los fiscales de distrito locales únicamente presentaron cargos penales en tan sólo tres casos, dos de los cuales involucraban al mismo acusado, quien abusó de dos residentes diferentes. Finalmente, en los casos procesados, los cargos por delitos graves se redujeron a delitos menores y las sentencias fueron mínimas.

El equipo de investigaciones formuló recomendaciones importantes para garantizar que se informen e investiguen inmediatamente los delitos contra los residentes de residencias de cuidados. Las prioridades incluyen revisar la ley estatal de manera que todos los incidentes de abuso y negligencia se denuncien inmediatamente a las autoridades del orden público, exigir a la BMFEA que adopte un rol de liderazgo a fin de enfocarse en el abuso de los residentes de residencias de cuidados y las acciones penales requeridas, desarrollar un sistema que permita llevar un seguimiento del personal con casos abusivos y responsabilizar a los administradores de las residencias de personas mayores cuando los casos de abuso no se denuncian como corresponde.

En el sitio Web http://www.disabilityrightsca.org/pubs/548801.pdf usted podrá encontrar una copia completa del informe (en inglés) o bien puede solicitarla a Leslie Morrison, Directora de la Unidad de Investigaciones, por correo electrónico: Leslie.Morrison@disabilityrightsca.org.