Casos

Las siguientes historias son del Informe Anual 2009.

130,000 niños y adultos conservan los Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS, In-Home Supportive Services): el juez Judge concede el mandato judicial preliminar para evitar “violar la ley federal”

David Oster, de 34 años, con autismo y desorden bipolar, es parte de la demanda colectiva conocida como V.L. v. Wagner, que fue presentada por Disabil­ity Rights California el 1 de octubre. La demanda se opone a los recortes al presupuesto de los Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS, In-Home Supportive Services) basándose en la puntuación y posición del índice funcional.

Oster sabe que sin apoyo de IHSS, su capacidad para vivir independientemente y con seguridad en su propio apartamento está en serio peligro. Su prov­eedor de IHSS trabaja unas 16 horas a la semana con un salario ligeramente por encima del salario mínimo para ayudarle a limpiar su apartamento para mantener unas condiciones de vida seguras, preparar comidas nutritivas, asistirle con la compra de ali­mentos y la ropa sucia y recordarle que se tome sus medicamentos. Si se eliminan los servicios de IHSS, Oster correrá un riesgo elevado de tener que vivir en un entorno más restrictivo, como por ejemplo una casa de pensión y cuidado o incluso en un hospital de nuevo. Cuando se le informó de que sus servicios de IHSS serían cancelados en 2009 debido a los recortes de presupuesto, Oster sintió tanto pánico por lo que pudiera pasarle que, a consecuencia de ello, tuvo que ser hospitalizado.

Al darse cuenta de que 130,000 personas de bajos ingresos con discapacidades se enfrentarían a condiciones similares que afectarían a sus vidas, un equipo legal con base en Disability Rights California trabajó día y noche durante agosto y septiembre para presentar la demanda colectiva contra los recortes al presupuesto basados en el índice funcional de la Administración.

El 19 de octubre en Oakland, la Juez Claudia Wilken dictaminó que el Estado no podía seguir adel­ante con los recortes basados en el índice funcional porque se podría retirar de manera arbitraria servi­cios esenciales y “las personas podrían perder algo irremplazable – la capacidad de permanecer seguras en sus hogares”. La Juez añadió que si el caso fuera a juicio, sería probable que se demostrara que los recortes violan la ley federal.

Sin embargo la batalla no ha terminado – la Administración ha presentado una apelación.

Información en www.disabilityrightsca.org/advocacy/V.L.-v-Wagner/index.htm

30,000 personas mayores conservan sus programas diurnos – por ahora, Chauncey McLorin explica como Atención Sanitaria Durante el Día para Adultos (ADHC, Adult Day Health Care) permite la independencia

“Mi tía Lillie, de 84 años de edad, ha estado asistiendo al programa de Atención Sanitaria para Adultos Durante el Día (ADHC, Adult Day Health Care) cinco días a la semana durante años. Ahí es donde recibe atención de enfermería y terapia física, servicios de nutrición, incluy­endo un almuerzo saludable y socialización que ayuda con su demencia.
“Mi tía se tambalea y es bastante probable que se caiga, así que nunca se queda sola. Mi tía está conmigo o su trabajador de IHSS cuando no está en el centro de Hunter Point.
“Todo en nuestra vida esta cuidadosamente equili­brada para que yo pueda mantener mi trabajo a tiempo completo como conductora de MUNI y Tía Lillie pueda seguir viviendo con nosotros. Así que cuando el Estado decidió recortar los servicios este verano nos asustamos mucho al no saber lo que iba a pasar.
“Afortunadamente, Disability Rights California y otros grupos de defensa fueron capaces de convenc­er al juez de que el Estado no había pensado a fondo lo que iba a suceder a todas estas personas que necesitan estos servicios para poder permanecer en sus casas. La juez se dio cuenta de que el estado tenía la responsabilidad de ofrecer servicios alternativos para mantener a las personas en sus hogares y que no podían realizar los recortes hasta que lo hicieron…en nuestro caso, mi tía habría tenido que ir a un sanatorio particular, una alternativa muy triste”.
Disability Rights California pre­sentó el caso de Brantley v. Maxwell-Jolly el 18 de agosto, solicitando la paralización de los recortes a ADHC. El 10 de septiembre, la Juez con­cedió nuestra moción para un man­dato judicial preliminar, manteniendo los servicios activos por el momento.
Más detalles del caso, incluyendo amplia cobertura infor­mativa: www.disabilityrightsca.org/advocacy/Brantley-v-Maxwell/index.htm

Nos entristeció saber, cuando entramos en prensa, que Lillie Brant­ley había fallecido.

La Administración del Seguro Social pagará 500 millones de dólares a 80,000 “delincuentes en fuga” incorrectamente identificados

En 2008 los beneficios por discapacidad de Rosa Martinez, de 52 años de edad, de Redwood City, California, fueron interrumpidos abruptamente a causa de una orden de arresto pendiente en Miami que se remontaba a 1980. Sin embargo, Rosa Martinez nunca había sido arrestada, nunca había usado drogas ilícitas y nunca había estado en Miami. Oficiales de la Administración del Se­guro Social (SSA, Social Security Administration) le dijeron que no podía apelar hasta que hubiera solucionado la orden de arresto, lo que la puso en el mismo limbo que otros aproximadamente 80,000 estadounidenses a los que se denegaron benefi­cios porque estaban acusados de huir de domicili­os previos para evitar ser procesados penalmente o ir a prisión. Para cuando Martinez encontró ayuda legal para ayudarla a impugnar la SSA ya casi era indigente.
Resuelta en septiembre de 2009, el caso de demanda colectiva (Martinez v. Astrue) fue pre­sentado por el Centro Legal Nacional de Ciudada­nos de la Tercera Edad (National Senior Citizens Law Center) con nuestra asistencia. Marilyn Holle, abogada en nuestra oficina de Los Angeles que había trabajado en el caso, dijo: “Muchas de las personas a las que se denegaron beneficios o fueron despojadas de beneficios no sabían que había órdenes de arresto contra ellas con déca­das de antigüedad, y otras personas fueron iden­tificadas incorrectamente. Este acuerdo ayudará a que muchas personas mayores de bajos ingresos y personas con discapacidades – muchas en California – puedan permanecer en sus hogares”. Nuestros empleados están ayudando a localizar a californianos a los que se les denegó injusta­mente y a ayudarlos a volver a presentar solici­tudes y en algunos casos a reclamar beneficios no recibidos.
Detalles acerca de la demanda y el acuerdo: www.disabilityrightsca.org/advocacy/Martinez_v_Astrue/index.htm