Para Publicacion Immediata

Disability Rights California: Elizabeth Zirker 510.267.1200
AARP Foundation Litigation: Christina Clem 916.556.3024
National Senior Citizens Law Center: Anna Rich 510.663.1055
National Health Law Program: Sarah Somers 919.968.6771 ext. 103
Howrey LLP: Christine Till 202.383.7127

Paralización de los recortes a la Atención Sanitaria Durante el Día para Adultos (ADHC, Adult Day Health Care): Una victoria para 15,000 californianos

OAKLAND, 24 de febrero de 2010

“Yo realmente necesito estos servicios y estoy muy contento de que el tribunal estuviera de acuerdo en que son fundamentales—No sé qué haría sin ellos”, declaró un aliviado Harry Cota, cuando oyó que podía seguir asistiendo a su programa de Atención Sanitaria Durante el Día para Adultos (ADHC, Adult Day Health Care). La orden del 24 de febrero del 2010 emitida por la juez Saundra Brown Armstrong del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Norte de California (U.S. District Court for the Northern District of California) emitió un mandato judicial preliminar para detener los recortes al financiamiento de ADHC que tenían previsto entrar en vigor el 1 de marzo. “Los californianos con discapacidades han ganado una gran victoria hoy: el reconocimiento de los tribunales de que podrían resultar irreparablemente damnificados si pierden estos servicios fundamentales”, dijo la abogada Elizabeth Zirker de Disability Rights California.

La juez estuvo de acuerdo en que la eliminación de 8,000-15,000 clientes de ADHC, basándose en criterios de elegibilidad más estrictos aprobados por el Estado, incrementa la probabilidad de su hospitalización e institucionalización. Los clientes del programa tienen necesidades médicas complejas que están siendo satisfechas a través de los servicios especializados ofrecidos en ADHC.  Anna Rich del Centro Legal Nacional de Ciudadanos de la Tercera Edad (National Senior Citizens Law Center) declaró que “este programa fundamental permite a más de 37,000 californianos vivir en casa y con sus familias y atender problemas médicos tales como la enfermedad de Alzheimer, diabetes y el periodo posterior a un ataque de apoplejía”.

ADHC es un programa basado en un centro que trae a las personas de sus casas para terapias, control médico y servicios sociales necesarios en un entorno estimulante. Muchas personas con discapacidades son capaces de quedarse en casa únicamente gracias a este conjunto de servicios de apoyo.

La moción para el mandato judicial preliminar fue el segundo logro del caso. La moción fue presentada el pasado mes de agosto en nombre de los californianos de la tercera edad y/o aquellos que tienen discapacidades (Cota et al. v. David Maxwell-Jolly, et al) (1). La primera orden interrumpió un recorte generalizado de financiamiento de Medi-Cal de un máximo de cinco días a la semana a no más de tres, independientemente de las necesidades individuales. El caso está siendo litigado por abogados que trabajan con Disability Rights California, AARP Foundation Litigation (AFL), the Centro Legal Nacional de Ciudadanos de la Tercera Edad (NSCLC, National Senior Citizens Law Center), el Programa Legal Nacional de Salud (NHeLP, National Health Law Program), y la firma de abogados Howrey LLP como asesores legales pro bono.

El tribunal emitió el mandato judicial, por considerar que los demandantes probablemente prevalecerían en sus afirmaciones de que los nuevos y restrictivos criterios violan la Ley para los Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities Act), la ley federal de Medicaid y el debido proceso legal de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos. El tribunal fue persuadido que el mayor peso de la balanza de dificultades recaía sobre los demandantes porque ellos eran los que se enfrentaban a la pérdida de servicios que serían fundamentales a la hora de evitar ser institucionalizados. El tribunal rechazó el argumento de la parte acusada de que “tienen derecho a recortar servicios cuando lo deseen para acomodar las limitaciones presupuestarias del Estado”.

Kelly Bagby, abogada de AFL, comentó, "las encuestas de la AARP muestran que los adultos de mayor edad quieren vivir en sus propios hogares y comunidades por el mayor tiempo posible. La decisión de hoy significa que los ciudadanos vulnerables todavía pueden confiar en ADHC para ayudarles a hacerlo".

Según Henry Su, socio de Howrey LLP, “Obviamente, ésta es una victoria importante pero el alivio es de una naturaleza preliminar y por lo tanto queda mucho trabajo por delante si queremos asegurarnos de que el sr. Cota y otros miembros de la clase no pierdan los servicios de ADHC completamente”.

Se han publicado más detalles en: http://www.disabilityrightsca.org/advocacy/Brantley-v-Maxwell/index.htm

(1)El caso fue presentado como Brantley v. Maxwell-Jolly, pero tras el fallecimiento de la Sra. Brantley se cambió el nombre del caso.